Reforma Constitucional 1994
Reforma constitucional argentina de 1994 La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al texto constitucional. Modernizó la misma y definió el texto constitucional, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso. Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control. La Convención...En el régimen del Presidente Salinas de Gortari se efectuó un viraje histórico en el campo de las relaciones entre las Iglesias con el Estado. La importancia de las instituciones eclesiásticas y la religiosidad del pueblo mexicano son reconocidas oficialmente. Como consecuencia, un nuevo marco jurídico normará las actividades de las instituciones eclesiásticas y sus vinculaciones con el gobierno y la sociedad.
Las modificaciones a la Constitución mexicana, que afectan a estas relaciones, no pueden entenderse sino como parte de un proyecto general de reforma del Estado. Dicho proyecto ha venido tomando cuerpo desde mediados de la década de los ochenta, pero recibió un impulso fundamental a partir de la llegada al poder de Salinas de Gortari. Reforma con miras a impulsar un modelo de desarrollo económico de corte neoliberal, en el marco de un nuevo proyecto de modernización definido por el propio Presidente en los siguientes términos:
"La modernización es una transformación de nuestras estructuras económicas y del papel del Estado en ese cambio. Pero es igualmente esencial a la modernización, la modificación de las prácticas y la adecuación de las instituciones políticas. La reforma del estado hermana ambos propósitos con el interés de fundar en la corresponsabilidad y la solidaridad, las relaciones del estado y la sociedad."1
El 1 de diciembre de 1988, en su discurso de toma de posesión, el nuevo mandatario definió al Estado moderno como "aquel que moderniza su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con la Iglesia".2
Una discusión sobre las relaciones Iglesia-Estado en México cubriría universos muy amplios; este artículo sólo se ocupa de analizar lo que a nuestro juicio constituyó el eje de la problemática y el cambio: la refuncionalización y redistribución de cuotas y espacios de poder entre la alta jerarquía eclesiástica católica y el gobierno salinista en el nuevo contexto nacional e internacional; lo que incluía una competencia fundamental en el campo de la cultura.
Una precisión: la Iglesia católica no es ni ha sido nunca una institución monolítica, para efectos del trabajo nos basamos en sus posiciones institucionales y nos ocupamos de la alta jerarquía eclesiástica que las expresa.
Un rápido recuento histórico sobre las relaciones Iglesia-Estado en México, la creciente politización del episcopado nacional y la agresiva política vaticana de Juan Pablo II permiten ubicar la problemática que enfrentan en los últimos años el gobierno y la institución eclesiástica.
El modelo político liberal que se impone en México en la segunda mitad del siglo XIX implicaba la supremacía del poder civil en la vida pública y la secularización de la sociedad. La legislación constitucional de 1917, no sólo ratificó los preceptos en materia religiosa de la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma, sino que los radicalizó para limitar y controlar el poder y el campo de acción de la Iglesia católica (identificada con los enemigos de la revolución triunfante).
Esta legislación vigente formalmente hasta 1992 -es decir 75 años- negaba toda personalidad jurídica a las iglesias, privaba de derechos civiles y políticos a los ministros de culto, prohibía expresamente la crítica a las leyes y al gobierno, y toda ingerencia del clero en la vida política del país. Afianzaba el laicismo en la educación prohibiendo la enseñanza religiosa incluso en planteles educativos particulares. Ratificaba y ampliaba las disposiciones que impedían a la Iglesia adquirir, poseer o administrar bienes raíces y capitales, y reiteraba prohibiciones en torno a manifestaciones externas del culto.
Dicho marco jurídico -uno de los más restrictivos formalmente en vigor en países católicossi bien provocó conflictos que llegaron a las armas en la década de lo 1920 con la Rebelión cristera, de hecho, y sobre todo desde fines de la década de 1930 ha sido en realidad "una ficción jurídica" que ha posibilitado una relación relativamente estable entre el Estado y la Iglesia católica. El famoso "modus vivendi" si bien marginaba a la Iglesia en el campo de la organización social y la participación política directa le permitía un amplio margen de acción en áreas vedadas por la legislación. El gobierno deja a la modernización con su secuela de industrialización, urbanización y educación laica, el proceso de secularización.3
El peso creciente de la Iglesia católica en el escenario político nacional -si bien se activa desde la década de 1960- se manifiesta con fuerza inusitada a partir de los años 1980, ante el deterioro de la economía del país y la erosión de la legitimidad del sistema político. La institución da pasos consistentes para asumir un liderazgo político expreso.4
Aunque con matices distintos, la jerarquía eclesiástica manifestó una actitud sumamente crítica respecto al gobierno y sus instituciones. Cuestionó la concentración del poder, el unipartidismo, el caciquismo, el fraude electoral, la corrupción, la falta de libertades y la democratización del sistema. También denunció -sin que fuera el eje de su discurso- la miseria y la injusticia social.
El discurso eclesiástico enfatiza las cuestiones morales y la pérdida de valores cristianos como causales fundamentales de la crisis política y económica del país.
Este comportamiento se evidenció particularmente en algunos procesos electorales regionales, y a nivel nacional en las elecciones presidenciales de 1988 en las cuales la institución se caracterizó por su discurso antigubernamental (aun cuando matizado en la cúpula) y por su constante presencia en los medios de comunicación de masas. En qué grado incidió en el voto de castigo al PRI es difícil de determinar.
La reforma del Estado mexicano se plantea entonces como una necesidad ineludible ante el agotamiento del modelo de desarrollo económico y la incapacidad del Estado para dar respuestas a la amplitud de las demandas de una sociedad en rápido proceso de crecimiento y transformación.
El régimen se avoca de inmediato a buscar apoyos consensuales para implementar tanto el proyecto económico como la crisis de legitimidad mediante alianzas renovadas y/o refuncionalizadas con diversos sectores e instituciones sociales, y entre ellas paradójicamente con un actor históricamente ubicado del lado de la tradición y no precisamente entusiasta de la modernidad y sus valores: la Iglesia católica.
La Iglesia católica mexicana en la década de 1980 va manifestando en forma sistemática, clara y concreta sus objetivos para impulsar el proyecto cultural católico e incrementar su presencia en la sociedad civil.
En primer término se exigía modificar el marco jurídico constitucional, en particular obtener el reconocimiento jurídico, el acceso legalizado a todos los niveles de educación, tener una mayor ingerencia en medios de comunicación de masas, y abrir canales legales y legitimados de participación y expresión política.
Por otra parte, para la alta jerarquía eclesiástica controlar y disciplinar el complejo y heterogéneo entramado institucional que constituye ai conjunto de la Iglesia católica, devino en los ochenta un objetivo prioritario. El autoritarismo que caracteriza a la institución deja ciertos espacios de negociación que han permitido la expresión y la práctica de sectores eclesiásticos que no coinciden con las directrices centrales. En particular, después del Concilio Vaticano lijas diversas lecturas sobre el papel y la relación de la Iglesia con la sociedad dieron lugar, en México y América Latina, a posiciones encontradas y conflictivas en el seno de la institución.
Para enfrentar y disciplinar esas tendencias cuestionadoras el Delegado Apostólico Monseñor Girolamo Prigione, desde su llegada a México en 1988, asume una cada vez mayor intervención en la gestión tanto intraeclesiástica como en la relación Iglesia-Estado. Como parte de su estrategia va apoyando e impulsando a los obispos más conservadores.5Se observa el fortalecimiento de tendencias tecnocráticas en el nivel de la jerarquía: son los obispos con mayor preparación académica y experiencia administrativa los que ascienden más rápidamente.6Se apunta también el renovado interés por el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La Iglesia católica se enfrenta a la expansión de denominaciones y movimientos religiosos no católicos; las llamadas sectas desafían su cuasimonopolio en importantes regiones rurales y urbanas. De ahí el interés de la institución por mantener y reforzar constantemente en la memoria colectiva, la identificación en México de los conceptos de nación y patria mexicanas con catolicidad y guadalupanismo.
A las viejas demandas históricas la Iglesia agrega una novedosa: se une al clamor generalizado por la democracia y asume un discurso donde la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central. Lo que. cabe señalar, no se tradujo en un proceso democratizador al interior de la institución.7
Ese activismo no sería sin embargo comprensible, sin considerar la vinculación de mayor subordinación de la Iglesia católica al Vaticano y su compromiso con el proyecto eclesiástico del Papa Juan Pablo II.
En una realidad internacional marcada por el fenómeno de la globalización, la crisis y caída del socialismo, el ascenso de fuerzas y corrientes ideológicas conservadoras y el cuestionamiento de todos los parámetros ideológicos y las utopías, han transcurrido los 17 años del pontificado de Juan Pablo II. Su llegada a la silla de Pedro en el Vaticano, en octubre de 1978, implicó para la Iglesia católica un proceso de redefinición de pautas de gobierno, doctrina y pastoral.
De la lectura de...
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